Paro Nacional en Ecuador 2022

 Paro Nacional 2022

Paro Nacional en Ecuador de 2022, fue una ola de movilizaciones a nivel nacional realizadas del 13 al 30 de junio de 2022, convocadas por varias organizaciones sociales, principalmente por la Conaie, en oposición a las políticas del gobierno de Guillermo Lasso.​ Las movilizaciones se producen tras el primer año de gobierno de Lasso.

La movilización está motivada por la imposición de políticas neoliberales del gobierno que ha llevado a la exacerbación de la pobreza, la disminución del presupuesto general del Estado en Salud y Educación y la reducción de políticas sociales de igualdad social, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición agresiva de políticas y actividades extractivas (minería y petróleo), la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y en general, por la falta de garantías para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Desde el inicio de esta movilización nacional, la respuesta estatal ha sido la de estigmatizar, reprimir y criminalizar la protesta en diversos puntos del país, fruto de lo cual se han dado múltiples hechos de persecución,  uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado y privación de libertad contra dirigentes y manifestantes. 

Y tras 18 días de movilización constante en cientos de puntos de Ecuador y especialmente en la capital, Quito, el Gobierno neoliberal y ultraconservador de Guillermo Lasso y los convocantes del Paro Nacional llegaron a un acuerdo para suspender las protestas. Para la Conaie, la organización social más grande del país y principal impulsora de las movilizaciones, “la contundencia” del Paro Nacional se ha traducido en “logros importantes”. A pesar de que el presidente Lasso “nunca se sentó en la mesa de diálogo, su gobierno se vio obligado a responder al pueblo”, dice esta organización que cuenta en sus bases con varios millones de personas y con tres décadas de historia.

Las principales victorias de este movimiento social —aliado con las organizaciones Feine y Fenocin— han sido la reducción del precio del combustible Extra y Ecopaís en 15 centavos el galón, la derogación del estado de excepción, una serie de compromisos para respetar los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios y garantías para que las industrias extractivas no arrasen el patrimonio natural de Ecuador. 

Entre estas medidas, destaca la derogación del Decreto 95, que suspende la ampliación de “la frontera petrolera” para proteger los territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía, donde se concentran las explotaciones de crudo en Ecuador. Esta disposición fue aprobada el 7 de julio de 2021 y pretendía duplicar la producción de petróleo en unas regiones ya azotadas por los periódicos derrames y otras afectaciones vinculadas a la industria petrolera que ponen en peligro el modo de vida de los pueblos indígenas..